Luz y Fuerza
1990 – 2003Luz y Fuerza contra la privatización
Avance del modelo neoliberal
Pasada la transición de la recuperación democrática, se pone en evidencia el fin del ciclo inaugurado por el peronismo en la década del 40, del Estado como garante del bienestar social, regulador de la economía y e impulsor del desarrollo industrial con sentido soberano y estratégico.
Durante la década de 1990, sobre una ficción monetaria, la convertibilidad, la implementación de políticas neoliberales a nivel nacional, profundizó el proceso de endeudamiento externo, privatizaciones, desindustrialización y desocupación, desregulación y reducción del Estado.
La Argentina, endeudada con el Fondo Monetario Internacional, abrazó cada una de las recetas neoliberales que venían desde los centros económicos y financieros mundiales como la única vía posible para el desarrollo. Las reformas fueron enmarcadas en dos grandes leyes, la de Emergencia Económica (23.696) y la de Reforma del Estado (23.697).
En el sector energético, estas medidas impulsaron la venta de empresas y privatización del servicio eléctrico en casi todo el país, la entrega de la casi totalidad del parque generador, la flexibilización laboral y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
En la provincia, distintos gobiernos avanzaron en iniciativas para privatizar y fragmentar EPEC, intentando desde concesiones de centrales hasta proyectos para dividirla en unidades de negocios y transformarla en sociedad anónima.
Estas políticas encontraron una firme resistencia por parte de Luz y Fuerza de Córdoba. Los sucesivos planes de acción sindical lograron frenar estos intentos.
Generación privatizada y Marco regulatorio Eléctrico Nacional
La desregulación eléctrica, una de las primeras medidas en materia energética del Gobierno de Menem, provocó un intenso debate al interior de las organizaciones gremiales de Luz y Fuerza en todo el país. “ALERTA ARGENTINOS. Exijamos que la reconversión eléctrica sea en beneficio del pueblo”, expresaba una consigna muy difundida por los lucifuercistas en aquellos años.
¿Qué significa la desregulación eléctrica? el proyecto establece las condiciones para su transferencia al sector privado y la apertura a las empresas privadas de la industria de la generación, fundamentalmente a través de la entrega de las centrales eléctricas o la concesión de los sistemas de distribución
Aprobado en diciembre de 1991, el nuevo Marco Regulatorio Eléctrico reestructuró y desreguló el sistema eléctrico nacional, buscando la incorporación de capital privado en las empresas de electricidad nacionales mediante su desintegración en unidades de negocios separadas (Generación, transporte, distribución) y su venta, o bien concesión, por separado. En esta etapa, el interés del capital privado en su mayoría extranjero, se posó en la Generación.
En diciembre de 1991 Lorenzo Racero asume por primera vez al frente de Luz y Fuerza de Córdoba. En los siguientes 10 años será Secretario General de manera ininterrumpida, llevando al gremio a derrotar la privatización.
Nos prometieron el salariazo y la revolución productiva y, por el contrario, nos dieron el desmantelamiento del estado y la entrega del patrimonio nacional, desocupación masiva, congelamiento salarial y desregulación de la economía. Lo que se ha gestado supera con creces nuestra capacidad de asombro
1992 – 1993 Primeros intentos de privatización en Córdoba: Centrales de generación en Concesión
La leyes nacionales de emergencia económica y el Nuevo Marco Regulatorio Eléctrico, tuvieron réplicas de ajuste y privatización en todas las provincias. En Córdoba, el Gobernador Angeloz, con la Ley de Emergencia económica provincial (Nº 7850), intenta un cercenamiento de nuestros derechos presentes en el Convenio Colectivo de Trabajo, que se sumó al problema del deterioro salarial.
En febrero de 1992 el gobierno provincial anuncia su intención de dar en concesión privada la explotación de la central Sud-oeste (Francisco Bazán) y la Zanichelli de Pilar. Una Asamblea General Extraordinaria del 13 de febrero declara el estado de alerta y sesión permanente, rechazando de plano la privatización de las centrales.
En defensa del carácter estatal de la empresa y de los derechos laborales, se desarrolló durante aquel año la histórica “lucha de los 64 días”. Durante el conflicto, el gremio replicaba al gobierno que “las concesiones no son una solución” denunciando la falsedad del Directorio que pregonaba la necesidad de una “empresa eficiente”, mientras se provocaba el desmantelamiento de numerosos sectores, facilitando la desintegración de la Empresa.
Los malos resultados de las primeras privatizaciones nacionales y la venta a un precio muy inferior a su valor de las centrales Nuevo Puerto y Puerto nuevo, desgajadas de SEGBA, sirvió de espejo de lo que podía pasar en EPEC. El sindicato a nivel comunicacional mostraba estos resultados como una advertencia y una razón para resistir la entrega y desmembramiento de la empresa de energía de Córdoba.
Junto a la Coordinadora de gremios estatales, que cumplió un rol muy activo en estos años, se convocaron importantes movilizaciones en defensa del patrimonio común de los cordobeses y por recomposición salarial de todos los sectores.
Licitación corrupta
Luz y Fuerza de Córdoba pudo demostrar que el pliego de concesiones se había hecho a medida del grupo BAYCO (CAT-Fiat Materfer y Soinco-Ormas). Particularmente la cuestión de la central Bazán suscitó la polémica durante años, así como investigaciones por corrupción en los pliegos de construcción, mantenimiento, reparación y luego licitación de la Central.
El gremio cuestionaba los principales argumentos utilizados por el gobierno, para justificar la privatización: que EPEC no contaba con los recursos económicos necesarios para reparar y poner en funcionamiento la central y que el sector privado sería más eficiente, exponiendo que la provincia pretendía desarmar el patrimonio cordobés respondiendo a razones puramente ideológicas y políticas.
Además, se difundía, en contrapunto con el gobierno de la provincia, el mal negocio que implicaba para EPEC empezar a comprar la energía que hasta el momento producía la propia empresa.
Luz y Fuerza denunció que la Empresa CAT (Centro de Actividades Termomecánicas SA), contratada por EPEC para la reparación de la central, formaba parte del grupo empresario que aspiraba a quedarse con la concesión de la Central. Además, se difundieron los vicios del propio pliego de licitación, la inoperancia técnica del CAT demostrado en los años que estuvo a cargo de reparar la central, el sobreprecio en dicho contrato, así como la inexistencia de cláusula alguna que comprometiera a los concesionarios a realizar inversiones.
Las dilaciones y maniobras extorsivas del gobierno de Angeloz que intentaba desactivar la lucha ofreciendo mejora salarial a cambio de conquistas convencionales y de que el gremio se retirase de la discusión sobre las concesiones y la reestructuración de EPEC, no hicieron más que fortalecer lucha.

Lorenzo Racero
Agosto de 1992
Tanto a nivel nacional como en Córdoba, en la práctica las privatizaciones se están concretando en beneficio exclusivo de algunos grupos económicos, sacrificando las necesidades del pueblo y los intereses del país
La lucha de los 64 días
El 24 de junio una masiva Asamblea de 1000 compañeros vota un paro activo por 48 hs, que se cumple ejemplarmente desde primera hora del 25 de junio. Era el inicio de un intenso plan de lucha, que se extendió hasta agosto y logró salvar la Central Bazán (sudoeste), defender el salario y el Convenio.
El 5 de agosto sólo el grupo Bayco participó de la licitación, mientras los sindicatos de Luz y Fuerza de toda la provincia marcharon masivamente en defensa del patrimonio energético de Córdoba. Bajo la consigna “Por la defensa de EPEC y nuestra fuente de trabajo”.
La falta de claridad en las licitaciones de las centrales, provocó duros cuestionamientos políticos y pedidos de informes en la legislatura, una denuncia presentada por el gremio en octubre ante el Tribunal de Cuentas, la Legislatura y la Fiscalía de estado, y una causa judicial. Allí se denuncia la total falta de transparencia del proceso licitatorio y se solicita se deje sin efecto la concesión de la central Bazán (Sudoeste).
Para peor el grupo CAT entra en concurso preventivo de crisis, por lo que el proyecto de concesionar las centrales comienza a tambalear. “¿Se pondrá en manos de una empresa con serios problemas económicos y financieros la mayor parte de la capacidad de generación de la provincia? ¿Cuál es su solvencia empresaria y su capacidad de inversión?”, se preguntaba Luz y Fuerza desde Electrum.
Finalmente, por esta causa la Justicia promovió acción penal sobre el Directorio de EPEC, por lo que la licitación de la Central Sudoeste (Bazán) fue suspendida.
La concesión de la central Pilar junto a las Centrales Villa María y Levalle, recién pudo concretarse durante la gestión de Mestre y mediante acuerdo con el Sindicato Regional de Villa María.
¿EPEC SAPEM?
A fines de 1992, el gobierno angelocista dio a conocer su intención de convertir EPEC en una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.
“Parece que la única solución que encuentran a los problemas de EPEC es desmembrarla, dividirla en pedazos, que en la práctica no haya más EPEC”, denunciaba Luz y Fuerza de Córdoba.
La firme resistencia de nuestro gremio, junto a la crisis política que atravesó los últimos años de la gestión angelocista, hicieron caer este proyecto, que nunca se concretó.
Mientras la privatización avanzaba en todo el país, la lucha de Luz y Fuerza logró lo que no se había logrado en ningún otro caso: frenar la concesión de las centrales y la conversión de EPEC en SA.
1996 – 1997 Marco Regulatorio Privatista
La gestión de Mestre al frente de la Provincia fue muy conflictiva y supuso un reto para Luz y Fuerza, en un contexto de aumento de la protesta a nivel nacional contra la política económica y social del menemismo.
En 1996, los tres gremios de Luz y Fuerza de la provincia ponen en marcha gestiones para trabajar junto a la Empresa un plan de reestructuración e inversión. Desde el Gobierno a través del Directorio y del interventor de la empresa Mazzini Pintos, se avanza directamente con un plan de transformación de la empresa en una Sociedad Anónima, dividiéndola en dos empresas -generación y distribución- y privatizando (tercerizando) varios importantes sectores operativos. Expresamente el proyecto establecía la concesión de los servicios de transmisión, distribución y comercialización.
Asamblea Histórica: EPEC no se divide ni se vende
El 3 de octubre de 1996, una asamblea histórica con la participación de más de 1.500 compañeros rechazó por unanimidad el proyecto de Marco Regulatorio Eléctrico y la transformación de EPEC en dos “unidades de negocios”.
La Asamblea ratificó a Lorenzo Racero al frente del sindicato, designó una Comisión de los Siete con el mandato de defender el proyecto de una EPEC estatal e integrada y convocó una multitudinaria movilización al edificio central para exigir la renuncia del interventor Mazzini Pintos.
Entre octubre y diciembre de 1996, Luz y Fuerza desarrolló un intenso plan de lucha contra el proyecto del gobierno provincial de transformar EPEC en dos sociedades anónimas. Se despliega un plan de acción política y gremial con movilizaciones a la Legislatura, y distintas medidas de acción directa, como trabajo a convenio, quite de colaboración y paros.
Proyecto gremial
Como alternativa al proyecto oficial, el sindicato elaboró una propuesta de reestructuración que mantenía a EPEC como empresa estatal e integrada. La iniciativa fue difundida ampliamente en los sectores de trabajo y en la comunidad mediante distintas acciones y la conformación de una Multisectorial integrada por organizaciones gremiales, políticas y sociales.
Por mandato de la Asamblea, la Comisión de los Siete redactó un Proyecto de Ley de Energía Provincial, presentado en la Legislatura con una importante movilización. Entre sus principales ejes proponía impedir cualquier privatización, división o transformación de EPEC en sociedad anónima, reconocer a la energía eléctrica como un servicio público de naturaleza social y crear un Ente Provincial de Regulación de la Energía Eléctrica con participación de los sectores involucrados.
Durante todo el conflicto, la consigna central fue “EPEC no se divide ni se vende, los cordobeses la defienden”. El sindicato sostuvo que EPEC era una herramienta estratégica para Córdoba que “ha podido planificar y construir la infraestructura eléctrica por contar con una herramienta como EPEC. Las empresas privadas carecen de visión de conjunto, se preocupan por la ganancia. En el mediano y largo plazo, esta realidad se convierte en una desventaja competitiva”.
Luz y Fuerza difundía ampliamente los resultados del modelo privatizador en las provincias que ya habían privatizado sus empresas de energía, como el deterioro del servicio, aumento de tarifas, falta de inversiones especialmente en zonas no rentables y pérdida de puestos de trabajo. A la vez cuestionaba la gestión de la intervención encabezada por Mazzini Pintos, denunciando el vaciamiento técnico y financiero de la empresa.
Aprobación fraudulenta y continuidad del plan de lucha
El 4 de diciembre de 1996, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al Marco Regulatorio en medio de masivas movilizaciones de los tres sindicatos de Luz y Fuerza. Sin embargo, la presión gremial logró incorporar las modificaciones impulsadas por el sindicato para su tratamiento en Senado, que se concertó recién en 1997. El gobierno de Ramón Mestre, ignorando lo aprobado en el Senado, intentó avanzar con el Marco Regulatorio privatista, lo que reavivó el conflicto, al que se sumó el rechazo al presupuesto provincial y al ajuste previsional.
El 9 de abril, Diputados aprobó un nuevo texto sin respetar las modificaciones aprobadas en el Senado. Luz y Fuerza denunció la irregularidad, convocó una multitudinaria movilización —que terminó con una dura represión policial— y, a fines de abril, promovió una acción de amparo con el patrocinio de la Dra. Elba Martínez.
La derrota del proyecto privatizador
Mientras tanto, el Senado rechazó la versión aprobada por Diputados y sostuvo la validez del texto modificado por la Cámara Alta, asumiendo su aprobación “ficta” (de hecho).
El gobierno respondió vetando la ley salida del senado y promulgando el Marco Regulatorio en su versión original. La controversia jurídica e institucional, sumada a la lucha gremial, impidió avanzar en la privatización y la división de EPEC durante el resto de la gestión de Mestre.
El sindicato profundizó la estrategia judicial mediante una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia solicitando la inconstitucionalidad del Marco Regulatorio.
En septiembre de 1997, la lista de unidad encabezada por Lorenzo Racero triunfó en las elecciones sindicales, ratificando el mandato de defender una EPEC estatal e integrada.
Intento frustrado de privatizar sectores y dividir EPEC
Desde la Asamblea del 3 de octubre de 1996, lo posición gremial era firme: reestructurar EPEC para brindar un mejor y más competitivo servicio es posible sin privatizaciones, concesiones ni modificaciones del Convenio Colectivo. Se defendió la generación propia, junto con un plan de inversiones que reemplazara los contratos perjudiciales de compra de energía a generadoras privadas.
En junio de 1998, tras la designación de un nuevo directorio encabezado por Fidias Díaz, el gobierno convocó al diálogo, aunque simultáneamente anunció su intención de dividir EPEC en dos empresas. El sindicato respondió con un paro de 24 horas, una asamblea general y una masiva movilización.
En julio, el conflicto se profundizó cuando el gobierno intentó tercerizar los sectores de Medidores y Conexiones y Toma Estado. La movilización gremial consiguió la firma de un acta, el 22 de julio, que dejaba sin efecto las licitaciones. Sin embargo, el gobierno desconoció el acuerdo, denunció supuestas coacciones y ordenó la detención de cinco dirigentes sindicales.
La respuesta fue inmediata: una amplia solidaridad sindical, social y política impulsó movilizaciones permanentes y acciones judiciales durante los cinco días que permanecieron detenidos. Finalmente son liberados y la denuncia por coacción es desestimada por la Justicia.
Tras dos años de conflicto, el gobierno no logró imponer el Marco Regulatorio privatizador ni dividir EPEC en dos sociedades anónimas. Luz y Fuerza volvió a defender exitosamente el carácter estatal e integrado de la Empresa Provincial de Energía.
2000 – 2001 La gran lucha contra la privatización
En estos años se desarrolló el intento más fuerte de privatizar EPEC. La resistencia trascendió lo gremial y sumó el apoyo de amplios sectores de la sociedad cordobesa: organizaciones sociales, estudiantiles y del movimiento obrero acompañaron la defensa de la empresa pública.
La defensa de EPEC: la unidad gremial frente a los intentos privatizadores
Tras la finalización del mandato de Ramón Bautista Mestre, asumió la gobernación de Córdoba el Dr. José Manuel De la Sota. En julio de 1999 designó como presidente de E.P.E.C. a Carlos Bastos, integrante de la Fundación Mediterránea y reconocido impulsor de las políticas privatizadoras. Su llegada marcó el inicio de una nueva ofensiva sobre la empresa pública.
Pese a las manifestaciones realizadas durante la campaña electoral y a los compromisos asumidos públicamente, el gobernador De la Sota respaldó ese proyecto y envió a la Legislatura la iniciativa para privatizar EPEC.
Ley corrupta: la venta de EPEC aprobada mediante coimas
En marzo de 2000, la denominada Ley de Reforma del Estado fue aprobada por un solo voto de diferencia. Tiempo después quedó demostrado que el voto decisivo del legislador Jorge Bodega había sido obtenido mediante el pago de una coima, hecho que fue reconocido ante la Justicia. Aquella ley no sólo contemplaba la venta de EPEC., sino también del Banco de Córdoba, el Banco Social, las rutas provinciales y el servicio de agua, configurando uno de los mayores intentos de desmantelamiento del patrimonio público provincial.
En paralelo, durante octubre de 1999, el Gobierno intentó modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, con el objetivo de eliminar conquistas históricas de los trabajadores y allanar el camino hacia la privatización, respondiendo a los intereses de los sectores empresarios que impulsaban ese proceso.
Frente al escándalo del denominado “caso Bodega” y al avance del proyecto privatizador aprobado de manera fraudulenta, el Sindicato profundizó la movilización. En la Asamblea General del 19 de noviembre de 2000 se resolvió iniciar un amplio plan de lucha en defensa de una E.P.E.C. estatal, integrada y al servicio de los cordobeses.
Año 2001: un pueblo movilizado en defensa de EPEC.
La resistencia contra la privatización alcanzó durante 2001 una magnitud sin precedentes. La campaña se expresó en múltiples acciones de visibilización y protesta que recorrieron toda la provincia. El Sindicato distribuyó volantes y desplegó carteles en los Festivales de Jesús María y Cosquín y en varias localidades donde el gobernador asistía a distintos actos, denunciando la corrupta Ley Bodega y defendiendo a la EPEC como patrimonio de Córdoba.
A las permanentes volanteadas y actos de protesta, se difundió ampliamente a nivel nacional, frente al Congreso de la nación, el pago de sobornos que permitió la aprobación del proyecto privatizador.
La respuesta del Gobierno fue profundizar la persecución. El 11 de mayo de 2001, por orden del fiscal San Martino, la policía allanó distintos lugares de trabajo y detuvo a 219 trabajadores de Luz y Fuerza, un hecho sin precedentes en la historia del movimiento obrero cordobés.
Como respuesta, el Sindicato instaló una carpa de protesta en el Paseo Sobremonte, que se convirtió en un símbolo de la resistencia. A esa campaña se sumaron clubes deportivos que exhibieron en sus camisetas consignas contra la privatización y se celebraron misas frente a los edificios de E.P.E.C. y del Sindicato.
Uno de los rasgos más destacados de aquella lucha fue el extraordinario acompañamiento de la sociedad cordobesa. El multitudinario festival realizado en la Ciudad Universitaria reunió a más de ocho mil personas y contó con la participación solidaria de artistas, organizaciones gremiales, la Federación Universitaria de Córdoba, A.P.Y.M.E., los Autoconvocados y la C.G.T. Esa adhesión volvió a expresarse en la histórica marcha del 28 de agosto, que congregó a unas veinte mil personas en defensa de la empresa pública.
El punto culminante de esa movilización popular llegó el 18 de septiembre con el apagón solidario convocado bajo la consigna “10 minutos tuyos”. Miles de cordobeses respondieron al llamado apagando voluntariamente las luces de sus hogares. La medida provocó una disminución del consumo eléctrico cercana a los 80 megavatios y se convirtió en una demostración contundente del respaldo ciudadano a la lucha de Luz y Fuerza y a la defensa de E.P.E.C. como patrimonio de todos los cordobeses.
Finalmente, el 28 de noviembre de 2001, el gobernador José Manuel De la Sota anunció el retiro del proyecto de privatización de EPEC. Aquella decisión representó una victoria histórica del movimiento obrero organizado y de toda la sociedad cordobesa. La unidad de los trabajadores, el compromiso de las organizaciones sociales y el apoyo masivo de la ciudadanía lograron preservar a EPEC. como empresa del Estado.
Fue, sin dudas, un triunfo del pueblo de Córdoba.
Sin embargo, la ofensiva privatizadora no concluyó allí. En enero de 2003 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial dos decretos que creaban sociedades anónimas en reemplazo de EPEC. Una vez más, la respuesta del Sindicato fue inmediata y contundente.
La firme resistencia obligó al Gobierno no sólo a dejar sin efecto esos decretos, sino también a abrir una instancia de consenso con Luz y Fuerza para la aprobación en la Legislatura del Estatuto Orgánico de EPEC, instrumento que consagró definitivamente su carácter de Empresa Estatal, Integrada y Autárquica, reafirmando el principio histórico de que la energía es un servicio público esencial que debe permanecer al servicio del pueblo y no de los intereses privados.

Lorenzo Racero
Secretario General. Conductor del triunfo frente a la privatización
La política energética debe estar en manos del estado en su totalidad, para el desarrollo y bienestar de la comunidad. EPEC ha sido baluarte en el desarrollo de la energía eléctrica. La vamos a defender con el énfasis que corresponde